¿Cuáles son las principales agencias, organizaciones y empresas paraestatales relacionadas con los programas y políticas de alimentación y nutrición en México?
Los organismos, empresas paraestatales, organizaciones que se dedican a crear programas y políticas de alimentación en México son las siguientes:
SAGARPA, SEDESOL, OPORTUNIDADES, LOS REPRESENTANTES DE LA FAO EN MÉXICO, LA SECRETARÍA DE SALUD.
¿ Qué programas han contribuido a la Seguridad Alimentaria en México de 1922 a la fecha?
Barquera, Rivera-Dommarco y Gasca-García (2001) comienzan su revisión de los programas de alimentación en México a partir de los años veinte, cuando los gobiernos posrevolucionarios establecieron los primeros programas de asistencia social y de subsidios a la producción agrícola y ganadera. Entre las acciones emprendidas se destacan: implementar los primeros programas de desayunos escolares, organizar cooperativas populares, fomentar el crédito para los productores agropecuarios y combatir las plagas agrícolas y ganaderas.
En 1936 se crearon los Almacenes Nacionales de Depósito, el Comité Regulador del Mercado de Trigo y el Comité Regulador del Mercado de Subsistencias Populares, con el objetivo de reglamentar los mercados de trigo y maíz para asegurar el abasto y mantener los precios en niveles accesibles para la población de bajos recursos.
A partir de 1940, como parte del Segundo Plan Sexenal, se impulsó fuertemente la mecanización de la agricultura mediante subsidios para adquirir maquinaria y otorgar crédito a los productores. También se creó la primera cadena de expendios populares de leche y se fundó el Instituto Nacional de Nutrición (Barquera, Rivera-Dommarco y Gasca-García, 2001).
En 1941 se creó la Instancia Nacional Distribuidora y Reguladora, S. A., que en 1944 inauguró la Lechería Nacional, considerada como el antecedente del actual Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA (CONEVAL, 2009). En 1942 se puso en marcha el Programa de Yodación de la Sal a fin de reducir la prevalencia de bocio entre la población. En 1949 se crearon la Comisión Nacional de la Leche y la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A., cuyo propósito era regular los mercados de alimentos y bienes de consumo básico, para facilitar su adquisición en amplios sectores poblacionales.
En 1953, en el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, se estableció el primer precio de garantía para el frijol y en 1956, el precio de garantía del maíz. Con la llegada de Adolfo López Mateos, en 1958 se creó la Procuraduría Federal del Consumidor y en 1960 se instituyeron los precios de garantía del arroz y el trigo. Les siguieron el sorgo (1961); cártamo y soya (1965); semilla de algodón y ajonjolí (1966); cebada común, cebada maltera y girasol (1971); y copra (1975) (Santoyo, 1977). El resto del período se caracterizó por mantener las políticas de subsidios a los consumidores y productores de alimentos, que incluyeron apoyos para el abasto, abaratamiento de precios, fomento a la producción, créditos para el
transporte y el manejo de la importación de granos. En general, se puede decir que todos estos elementos constituyen los cimientos de las principales instituciones encargadas de la política alimentaria de los años sesenta y setenta.
Entre 1961 y 1965 se intensificaron los esfuerzos para subsidiar el consumo de alimentos en el país. Al mismo tiempo, se buscó incrementar el ingreso de los productores rurales mediante los precios de garantía. Es en este período que se crearon la CONASUPO (1962) y la Compañía Rehidratadora de Leche (1965), que más tarde se convertiría en LICONSA.
La intervención directa de CONASUPO, tanto en el lado de la oferta (comprando granos a precios de garantía) como de la demanda (movilizando productos y vendiéndolos a precios subsidiados), permitió que en las décadas de los años sesenta y setenta se consolidara el sistema de control de precios. En ese entonces, la política se había fijado como meta la consecución de la autosuficiencia alimentaria y CONASUPO se convirtió en su principal herramienta. Sin embargo, los beneficios de poner alimentos baratos en la mesa de los mexicanos se dirigieron principalmente a las zonas urbanas. Las poblaciones rurales marginadas y menos organizadas fueron favorecidas en menor proporción (CONEVAL, 2009).
Con el paso del tiempo, algunas de las filiales de CONASUPO se desprendieron y se convirtieron en empresas independientes. Destacan los casos de LICONSA, DICONSA, MINSA (Maíz Industrializado CONASUPO) y TRICONSA (Trigo Industrializado CONASUPO). Las dos primeras sobreviven hasta ahora, el resto desapareció en el proceso reprivatizador del sexenio 1988-1994.
LICONSA surgió en 1965 con el nombre de Compañía Rehidratadora de Leche, a fin de mejorar la situación nutricional de los niños de familias de bajos ingresos mediante la distribución de leche fluida y en polvo a precios subsidiados. En la actualidad se encarga del Programa de Abasto Social de Leche, cuyo impacto fue evaluado en 2004 y 2009. Sin embargo, en ninguno de esos años fue posible atribuir a la fortificación con hierro de la leche de LICONSA la reducción en la prevalencia de talla baja, peso bajo y anemia en niños de 12 a 30 meses y de 5 a 8 años, debido a problemas metodológicos (CONEVAL, 2011b).
DICONSA se creó en 1972 con el objetivo de distribuir productos agrícolas básicos (maíz, frijol, azúcar, arroz y harina), leche en polvo y tortillas a precios subsidiados en las zonas rurales y urbanas marginales. En la actualidad, su propósito es “contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con base en la organización y la participación comunitaria” (DICONSA, 2011b). Para lograr lo anterior, DICONSA opera actualmente el Programa de Abasto Rural. La evaluación más reciente realizada por CONEVAL señala que este programa no cuenta con mediciones de impacto. Sin embargo,
fue posible identificar un problema a partir de su focalización, pues se estima que 51,7% de las localidades atendidas no corresponden a la población objetivo actual, pues las tiendas fueron abiertas bajo otras reglas de operación (CONEVAL, 2011c).
El costo fiscal del sistema de subsidios, precios de garantía e intervención de mercados era alto, pero el gran crecimiento experimentado por la economía nacional en los años sesenta y el auge petrolero de los años setenta permitieron cubrir los déficit. La crisis de la deuda de 1982 cambió radicalmente el panorama, pues de pronto el gobierno se vio en la necesidad de reducir drásticamente sus gastos.
El Sistema Alimentario Mexicano (SAM). En 1979 se creó la estrategia que sustentó al Sistema Alimentario Mexicano (SAM), un programa para estimular la producción de alimentos básicos mediante la entrega de créditos y la elevación de los precios de garantía. Este programa, que entró en marcha en el ciclo Primavera-Verano de 1980, se caracterizó por la coexistencia de diversas agencias, sectores y secretarías, y su planeación y coordinación quedó a cargo del Sistema Nacional de Evaluación. El SAM se diseñó con una 35 concepción analítica integral que permitía generar políticas coherentes para toda la cadena productiva, pero la participación multisectorial complicó la relación entre las estructuras del programa.
A pesar de su diseño innovador, el SAM fue liquidado en 1983 en parte debido a la fuerte
crisis fiscal (Barquera, Rivera-Dommarco y Gasca-García, 2001). Para sustituirlo se puso en marcha el Programa Nacional de Alimentos, que se enfocaba en la población con alto índice de marginación y en situación de riesgo. A partir de entonces se empieza a poner mayor énfasis en la focalización de los beneficios del programa, lo que no es sorprendente, pues las restricciones presupuestales bajo las que operaba el programa hacían necesario dirigir los recursos hacia los usos más urgentes.
No deja de ser paradójico que, aun cuando el SAM había dejado de existir en 1983, las metas propuestas para el mediano plazo (1985) se cumplieron en gran medida (véase el cuadro 10), sobre todo en el caso de maíz, trigo, soya y sorgo. No obstante, es poco probable que esto se diera como consecuencia de las medidas adoptadas a raíz del programa. Como puede apreciarse en los gráficos 1 a 6 del anexo 3, ni su período de implementación (1980-1982, representado por las barras en color rojo dentro de cada gráfico) ni 1985 representaron una excepción en la tendencia de largo plazo (1950-2009) en la producción de granos básicos en México.
La crisis de la deuda de 1982 y la caída de los ingresos petroleros en 1985 redujeron significativamente los ingresos del gobierno mexicano. Los limitados recursos fiscales provocaron que la reestructuración de todo el aparato de gobierno fuera necesaria, incluidas las empresas paraestatales. La mayoría de estas últimas desaparecieron o fueron privatizadas. A la vez, se inició un proceso de desregulación de la actividad económica y liberalización del comercio internacional. En este contexto de escasez de fondos fiscales y apertura comercial era imposible continuar con el sistema de subsidios sobre el que se basaba la política de seguridad alimentaria hasta entonces. Como resultado, entre 1985 y 1994 desapareció la mayor parte de los elementos que la habían caracterizado desde los años cuarenta.
La eliminación de los precios de garantía y eliminar o vender entidades como FERTIMEX,
CONASUPO y BANRURAL fue seguida de la aparición de entidades y programas que definirían el nuevo enfoque de la seguridad alimentaria del país. En el ámbito social, en 1989 el presidente Salinas creó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) a fin de combatir la marginación social y la pobreza extrema, enfocándose en tres grupos de población: indígenas, campesinos de zonas áridas y habitantes de colonias urbano-populares. La acción 41 del programa se desarrolló en cuatro vertientes: Programas de Bienestar Social (que incluía el abasto y la alimentación), Solidaridad para la Producción, Desarrollo Regional y Programas Especiales, como Mujeres en Solidaridad y Jornaleros Agrícolas (CONEVAL, 2009).
En los estudios sobre el tema se ha concluido que los recursos con que contaba PRONASOL no fueron suficientes dada la magnitud del problema que pretendía resolver, aunque su presupuesto se incrementara año con año, al pasar de 0,32% del PIB en 1989 a 0,73% del PIB en 1994. Si se considera que en 1988, 59% de la población vivía en situación de pobreza, la proporción de recursos resultaba limitada (CONEVAL, 2009).
Como respuesta a la crisis económica de diciembre de 1994, en 1995 el gobierno entrante de Ernesto Zedillo creó PROGRESA, un ambicioso programa de inversión de desarrollo humano. En éste se incorporó una serie de aprendizajes y aplicaciones de la teoría del desarrollo, que destacaban la importancia de formar capital humano para salir de la pobreza. Desde su creación, usó las transferencias monetarias condicionadas como mecanismo para incentivar la inversión en salud, alimentación y educación de los niños. La población objetivo del programa fueron las familias en condición de pobreza extrema y su propósito principal era romper el ciclo de transmisión intergeneracional de ésta. Las familias beneficiadas recibían un paquete de educación en salud y nutrición, así como una beca por cada uno de los niños menores de 18 años que estudiaran entre tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas públicas (Barquera, Rivera-Dommarco y Gasca-García, 2001). También se proporcionaba el acceso al Paquete Básico de Servicios de Salud y una transferencia de recursos a familias seleccionadas para mejorar la cantidad y diversidad del consumo de alimentos. En el caso de los niños de 4 a 23 meses de edad, niños de 24 a 59 meses en situación de desnutrición y mujeres embarazadas, se distribuía también un suplemento alimentario diseñado para proveer alrededor de 20% de las calorías y 100% de los micronutrientes necesarios para cada uno.
En la evaluación de PROGRESA se muestra un aumento significativo en las tasas de control nutricional y vacunación. Los menores de tres años que participaron en el programa incrementaron su asistencia a controles de crecimiento entre 30% y 60% y los beneficiarios entre 0 y 5 años de edad redujeron 12% la incidencia de enfermedades en comparación con menores que no participaron en el programa [Gertler (2000), citado por Rawlings y Rubio (2003)].
En cuanto a su efecto sobre la nutrición, el consumo promedio de los hogares de PROGRESA se elevó 14%. El gasto en alimentos tras el primer año de operación del programa era 11% mayor, comparado con los hogares no participantes. Además, la ingesta calórica media se elevó 7,8% y se observó cierta diversificación en su dieta hacia productos animales, frutas y verduras [Hoddinott, Skoufias y Washburn (2000), citado por Rawlings y Rubio (2003)].
En 1994, poco tiempo antes de PROGRESA, apareció en México el PROCAMPO, que desde sus inicios, se convirtió en el programa más importante de la política agropecuaria nacional. Concebido como un medio de transición para los productores agropecuarios ante la entrada en vigor del TLCAN, el programa estaba originalmente diseñado para durar 15 años, por lo que debía terminar en 2008. La administración del presidente Calderón, sin embargo, decidió prolongarlo al menos hasta 2012. PROCAMPO es un programa de pagos desvinculados de la producción. Este caso es interesante porque el beneficiario, en lugar de ser una persona, es la parcela registrada en el padrón construido ex profeso. El requisito para acceder al programa era que el predio estuviera dedicado a la producción de uno 42
de los nueve cultivos básicos (arroz, maíz, trigo, frijol, ajonjolí, algodón, soya, sorgo y cebada) durante uno de los tres años agrícolas previos al ciclo 1993/1994.
El pago se realiza por hectárea26, de forma que a medida que más superficie se registre, mayor será el pago recibido, lo que ha ocasionado críticas por la regresividad que genera. Cambios recientes han buscado corregir este problema: en los últimos años se “redondeó” el pago por la primera hectárea27, se otorgó una cuota preferencial a las primeras cinco hectáreas del predio y se puso un límite de 100 hectáreas como cantidad máxima de superficie elegible para recibir el pago.
En un inicio, el beneficiario tenía que demostrar que la superficie registrada en el padrón producía uno de los cultivos básicos. Con el paso del tiempo el requisito se relajó para permitir la siembra de cualquier producto lícito o actividades forestales. En la práctica siempre ha sido difícil verificar que en efecto el predio se encuentra en producción. Para recibir el pago siempre ha sido necesario que éste permanezca en el padrón de beneficiarios, que se ha modificado poco a lo largo del tiempo. Una vez que se recibe el recurso, no existen requisitos respecto de su uso, por lo que se trata de una transferencia de efectivo no condicionada.
El objetivo de PROCAMPO es contribuir a elevar los ingresos y la productividad de los productores, sobre todo en el contexto de la transición originada por la firma del TLCAN. El programa no está contemplado como un mecanismo para mejorar la situación de seguridad alimentaria de quienes lo reciben. No se exige que el pago se dedique a comprar alimentos, ni se condiciona al cumplimiento de objetivos de educación o salud. Esto hace interesante el resultado del estudio de Ruiz-Arranz y otros (2002), quienes comparan los efectos de PROCAMPO y PROGRESA sobre la seguridad alimentaria. El objetivo de Ruiz-Arranz y otros (2002) es contestar a la pregunta de si una transferencia no condicionada que tiene por objetivo aumentar la productividad agrícola puede tener el mismo impacto sobre la seguridad alimentaria que un programa de transferencias condicionadas como PROGRESA.
Sorpresivamente, los autores encuentran que ambos programas incrementan el consumo total de alimentos y la ingesta de calorías en la misma proporción. En el estudio en cuestión, PROCAMPO tiene un mayor impacto en el consumo de carnes y vegetales, mientras que PROGRESA impacta más en el rubro de otros alimentos. Además, los autores encontraron que mientras PROGRESA incrementa el consumo de alimentos vía mayores compras de los hogares, PROCAMPO lo hace mediante una mayor inversión en la producción de alimentos en el hogar. En octubre de 1995 se creó Alianza para el Campo, un programa destinado a capitalizar las unidades de producción agropecuaria del país. Su diseño contenía como elementos innovadores: i) la corresponsabilidad de gobierno y beneficiarios en el financiamiento de las acciones; ii) la participación conjunta de la federación y los estados en la aportación de los recursos; iii) la descentralización de las decisiones sobre los proyectos a ejecutar; y, iv) el fomento a los proyectos ejecutados por las organizaciones de producciones.
Alianza para el Campo se enfocó en adquirir activos productivos y prestar servicios básicos para los productores rurales, en particular los relacionados con la salud animal y vegetal. El requisito de que el beneficiario aporte una cantidad importante del recurso para comprar los activos (hasta 50%) lo volvía regresivo, pues aventajaba a los productores de mayores recursos, quienes podían financiar proyectos de mayor magnitud. El programa dejó de operar en 2007 pero muchas de sus características básicas se mantuvieron en el Programa de Adquisición de Activos Productivos implementado a partir de 2008.
Al igual que en PROCAMPO, en Alianza para el Campo tampoco se buscaba mejorar la condición de seguridad alimentaria de los beneficiarios. A pesar de ello, uno de sus componentes, Desarrollo Rural, se diseñó para operar en zonas con alta y muy alta marginación. Sin embargo, su énfasis seguía siendo básicamente de fomento a la producción mediante la organización de sociedades de productores y la diversificación hacia actividades no agropecuarias.
Después de la importante transformación por la que atravesó la política alimentaria de México en los años noventa, la última década se ha caracterizado por dar continuidad a los esfuerzos iniciados con anterioridad, sin introducir cambios radicales. En el plano del desarrollo social, PROGRESA, ahora llamado OPORTUNIDADES, sigue siendo el programa guía para mejorar las condiciones de vida y nutricionales de los mexicanos. Además de éste, los programas de abasto de leche y de distribución en zonas rurales y marginadas (LICONSA y DICONSA) siguen en operación. La base conceptual de la política social se ha mantenido, con base en el otorgamiento de transferencias condicionadas. Los programas de LICONSA y DICONSA siguen distribuyendo alimentos a precios subsidiados, pero con mayor focalización de beneficiarios y su relevancia ha ido disminuyendo poco a poco.
En el plano de la política agropecuaria, PROCAMPO, Alianza para el Campo y el Programa de Ingreso Objetivo han dominado la escena en casi toda la década. Por su naturaleza, estos programas no están orientados a mejorar la condición alimentaria de los participantes. Durante los últimos años, la estructura programática de la Secretaría de Agricultura ha girado alrededor de ellos, además de la prestación de servicios y bienes públicos (Programa de Sanidades), de protección ante fenómenos meteorológicos y de conservación de los recursos naturales.
Los programas ligados a la seguridad alimentaria son pocos y de recursos limitados. Al respecto sólo se identificaron el Programa Emergente de Maíz y Frijol (PROMAF) y el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).
El objetivo del PROMAF es incrementar la producción y productividad de maíz y frijol, dos
alimentos básicos en la dieta en México. La población objetivo son las organizaciones económicas integradas por productores mexicanos de maíz y/o frijol legalmente constituidas, en propiedad o posesión de superficie agrícola con medio o alto potencial productivo, conforme a la clasificación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) (SAGARPA, 2011).
El PROMAF fomenta la aplicación de paquetes tecnológicos que incrementen la producción de maíz y frijol mediante créditos de avío. También se dan apoyos directos para el acompañamiento técnico, formular proyectos, desarrollo organizativo y construir infraestructura básica productiva. Los beneficiarios pueden permanecer hasta tres años, pero la participación en el segundo y tercer año está condicionada a recuperar al menos 60% de los apoyos recibidos para avío (SAGARPA, 2011).
De acuerdo con las evaluaciones del Colegio de Posgraduados (Colegio de Postgraduados, 2009), entre 2007 y 2009 las áreas apoyadas por el PROMAF incrementaron su producción de maíz en 3,3 millones de toneladas, mientras que la de frijol creció cerca de 80.000 toneladas. El PESA es un proyecto de la SAGARPA promovido y con el apoyo técnico de la FAO, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de capacidades de las personas y familias que se encuentran en comunidades de alta marginación, para que sean los principales actores en identificar y resolver sus problemas de seguridad alimentaria (UTN, 2011). El programa arrancó en México en 2002 en una fase piloto. Para 2005 amplió su operación hasta cubrir 16 estados28. En 2008 atendió a 52.220 familias en 3.730 comunidades de 641 municipios del país.
De acuerdo con la evaluación realizada en 2009, el PESA no es un programa, sino una estrategia metodológica y de soporte técnico que busca fortalecer las capacidades locales mediante las Agencias de Desarrollo Rural (FAO y SAGARPA, 2009). Esta concepción del PESA es la causa principal de que el programa adolezca en las áreas de inversión.
En términos de resultados, las fortalezas más importantes del PESA han sido incrementar la disponibilidad y acceso a los alimentos en las zonas de alta y muy alta marginación en las que se ha implementado, así como consolidar una oferta de servicios profesionales de asistencia técnica en zonas donde estos servicios no llegaban (FAO y SAGARPA, 2009). Sin embargo, la evaluación del programa alcanzó estas conclusiones con base en el análisis de las percepciones (positivas y negativas) de los participantes, lo que sin duda introduce un elemento altamente subjetivo en ellas. Es necesario corroborar si estas percepciones efectivamente corresponden a los efectos generados por el programa. Por este motivo es altamente recomendable recurrir a las modernas técnicas econométricas de evaluación de impactos.
Esto fue precisamente lo que se hizo con la evaluación de impacto del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria Guerrero Sin Hambre (PESA-GSH) a cargo de la CEPAL (2011a). En este caso, se usó el método de emparejamiento por puntuación de la propensión29 para cuantificar el efecto del PESA-GSH sobre la seguridad alimentaria de los beneficiarios. Los resultados mostraron que el programa reducía de manera estadísticamente significativa: i) la preocupación del hogar por insuficiencia de alimentos e incapacidad para abastecerlos; ii) el cese de la ingesta de alimentos acostumbrados en el
hogar por parte de algún miembro por falta de recursos; iii) la percepción de reducción en la cantidad de alimentos servidos por falta de recursos; y iv) el ayuno en alguno de los tiempos de comida acostumbrados en el hogar por parte de algún miembro por falta de recursos. La evaluación también encontró un efecto considerable, significativo y en la dirección esperada sobre variables como los ingresos, la producción y venta de productos agropecuarios, el ahorro y el consumo de alimentos.
Cabe destacar que el programa en cuestión es resultado de una estrategia conjunta entre el gobierno federal y el estado de Guerrero. Lo anterior resalta el hecho de que los estados, como entidades soberanas, también tienen la autoridad de operar sus programas de desarrollo rural y seguridad alimentaria. La revisión en este sentido encontró dos casos de programas estatales cuyo objetivo es mejorar la situación nutricional de sus poblaciones, el Programa de Maíz Solidario (PMS) en Chiapas y el Programa Nutrir el Futuro (NF) en Oaxaca.
En la actualidad el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, ha presentado un decreto para la política social del Gobierno de la República se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Como parte de esta política el PND establece las estrategias para la atención a los mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza y que ascienden a poco más de 53 millones. De las estrategias y por mandato del propio Plan, se han formulado el Programa Sectorial de Desarrollo Social, que orienta las acciones de la SEDESOL, y el Programa Nacional de Desarrollo Social, que dirige al conjunto de sectores de la Administración Pública Federal en sus acciones orientadas a dicha población en materia de alimentación, abasto, calidad y servicios de la vivienda, apoyo a actividades productivas y a la economía familiar para que las familias fortalezcan su capacidad adquisitiva de alimentos, mejoren la educación de sus hijos y el cuidado de la salud.
Para avanzar con mayor rapidez hacia una sociedad más equitativa es necesario atender en primer lugar a las personas que están en las mayores condiciones de pobreza. Por ello, el PND 2013-2018 expresa también la decisión de enfatizar la atención a esta población y establece la prioridad de erradicar el hambre.
El Programa Nacional México sin Hambre es la formalización, dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y establece la ampliación a todo el territorio nacional de la estrategia que ha probado su eficacia en la lucha contra la pobreza extrema de alimentación. El programa corresponde a una estrategia de trabajo coordinado del gobierno federal para atender, desde una perspectiva multidimensional y teniendo como eje la carencia de alimentación, la pobreza extrema de alimentación de poco más de 7 millones de personas. El programa busca asegurar el acceso a alimentos suficientes y de calidad para su población objetivo, prevé impulsar la producción de alimentos en las zonas marginadas, al tiempo que sienta las bases para que la población objetivo disfrute de sus derechos sociales.
En la actualidad el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, ha presentado un decreto para la política social del Gobierno de la República se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Como parte de esta política el PND establece las estrategias para la atención a los mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza y que ascienden a poco más de 53 millones. De las estrategias y por mandato del propio Plan, se han formulado el Programa Sectorial de Desarrollo Social, que orienta las acciones de la SEDESOL, y el Programa Nacional de Desarrollo Social, que dirige al conjunto de sectores de la Administración Pública Federal en sus acciones orientadas a dicha población en materia de alimentación, abasto, calidad y servicios de la vivienda, apoyo a actividades productivas y a la economía familiar para que las familias fortalezcan su capacidad adquisitiva de alimentos, mejoren la educación de sus hijos y el cuidado de la salud.
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